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Intro:
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Introduction
COPINH
FIAN
Rights Action
COPA
MUCA MD
MUCA MI
Popol Nah Tun
San Alonzo
MCA*
FNRP*
Declaracion
Chepo
Abogado
Carta
Cinta
*Exemplary speeches
Introduction
COPINH
FIAN
Rights Action
COPA
MUCA MD
MUCA MI
Popol Nah Tun
San Alonzo
MCA*
FNRP*
Declaracion
Chepo
Abogado
Carta
Cinta
*Exemplary speeches
DECLARACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE INTERNACIONAL DEL AGUÁN
Nosotros(as) integrantes del Movimiento Social Hondureño, las Organizaciones Campesinas del Aguán, el Frente Nacional de Resistencia Popular en Colón y Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos que concurrimos a la inauguración de este observatorio de Derechos Humanos ante la Comunidad Nacional e Internacional declaramos:
Que amparados en la carta fundamental de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en los tratados internacionales que defienden los derechos fundamentales de los pueblos, especialmente las poblaciones originarias y amenazadas por el interminio en la Constitución de la República en e los Artículos 59, 60 y 61 que literalmente establece: la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad; Artículos 64: que también establece que el derecho a la vida es inviolable; Artículo 66 que prohíbe la pena de muerte y todos los que se refieren a las declaraciones, derechos y garantías individuales amparadas en el principio de autodeterminación de los pueblos y del ejercicio de la soberanía popular y ante la situación de permanente violación de los Derechos Humanos de las poblaciones del departamento de Colón y del Litoral Atlántico hondureño, especialmente el clima de terror, asesinato persecución en contra de los grupos campesinos de la región y del peligro permanente que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos, por parte de operadores de justicia, empresarios y terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales, a través de un ejército de guardias de seguridad y asesinos que ejercen labores de sicariato. Que estos terratenientes, amparados por la decisión política del Instituto Nacional Agrario encabezados por el Ministro César Ham, por el Presidente de la República Porfirio Lobo Soca y su Ministro de Seguridad y Defensa, están operativizando la tercera militarización para el Bajo Aguán, denominada “Xatruch II”, utilizando un armamento convencional para la guerra en tierra como helicóptero y aviones con armas destructivas instaladas listas para ser operadas.
El escenario que prevalece desde el 9 de diciembre del 2009, fecha en que se profundizó el conflicto agrario en el Aguán ha tenido continuamente las siguientes características:
- Criminalización de la lucha por nuestros derechos y especialmente la lucha por la tierra impulsada por las organizaciones campesinas, estrategia política que se aplica desde el Golpe de Estado en Honduras el 28 de junio 2009 y que en los próximos meses se profundizará cuando la Corte Suprema de Justicia del país, atendiendo un recurso de amparo de la Federación de Ganaderos y Agricultores de Honduras derogó definitivamente el Decreto 18-2008, decreto que favorecía procesos de mediación entre el Estado y los terratenientes para solventar conflictos agrarios. Con esta decisión se proveen desalojos para miles de familias campesinas que tienen muchos años de estar en posesión de sus tierras pero sin haber logrado obtener un título de propiedad, desalojo de los pueblos originarios de sus tierras ancestrales para construir las “ciudades modelos” con ciudadanos y capital extranjero, en una clara violación de la soberanía nacional, constituyendo un Estado en otro Estado. Para criminalizar la lucha han impulsado campañas de difamación en contra del Movimiento Campesino del Aguán y de los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular en esta zona. Desde la Secretaría de Seguridad se inventaron la existencia de un fuerte armamento entre los campesinos a los cuales se les tilda de guerrilleros, de delincuentes y de ladrones por medio de comunicación de la oligarquía hondureña y a nivel internacional, manteniendo hasta la fecha un cerco mediático informativo para que el mundo no se entere del exterminio de la población campesina en el Aguán.
- Asesinato de campesinos de las diferentes organizaciones, alcanzando la cifra record de cualquier gobierno de 46 trabajadores del campo que han muerto en el marco del conflicto agrario sin que los responsables de impartir justicia hagan algo por lo que prevalece en éstos como en otros casos la impunidad.
- Allanamiento masivo con la imposición de toque de queda o estado de sitio para los asentamientos de La Guadalupe Carney en diciembre del 2010, por lo menos tres allanamientos masivos al movimiento campesino de Rigores y el movimiento Recuperación Nacional de Rigores desde el mes de junio hasta noviembre del 2011, en esta comunidad con los allanamientos han impuesto un clima de terror, donde han quemado y destruido todas las casas, destruyeron cultivos, quemaron escuelas e iglesias, han capturado y han secuestrado campesinos adultos, jóvenes y niños y han aplicado métodos violentos de tortura física y de tortura psicológica.
En los últimos meses, policías, militares del ejército de Honduras, guardias de seguridad y sicarios, que por lo general se cubren el rostro con pasamontañas han ensayado allanamientos masivos en dos ocasiones para el asentamiento del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), establecido con la venia del Estado y del actual Gobierno en el asentamiento La Marañones, en dos acciones los asentamientos del MUCA de la margen Derecha del río Aguán, La Confianza, La Aurora y La Lempira; en declaraciones del Coronel Espinal, quien fungiera como Comandante de la Operación “Xatruch II” manifestó que todos los asentamientos serían intervenidos para provocar un desarme general. - Ataques armados en contra de los asentamientos campesinos provocando el asesinato y quedando muchos heridos. Guardias y policías, miembros del ejército se ubican estratégicamente en las cercanías de las palmeras recuperadas por los campesinos e inician ataques con bala viva sobre hombres y mujeres, como es el caso del campesino Ceferino Zelaya, asesinado en tierras del asentamiento La Aurora y Catarino Efraín López y José Luis Lemus, del Movimiento Campesino MARCA. Poblaciones de campesinos y campesinas de varios asentamientos, tienen casa por cárcel ante el temor y la amenaza permanente de ser asesinados.
- Secuestro de campesinos, algunos de ellos permanecen desaparecidos como es el caso de Francisco Pascual López, donde la población campesina de Rigores, confirma que guardias de seguridad lo tirotearon e introdujeron su cuerpo ensangrentado a las palmeras de Miguel Facussé, el joven Olvin Gallegos de 18 años de edad y Secundino Gómez, fueron secuestrados el domingo 29 de mayo, 2011, aún permanecen desaparecidos.
Segundo Mendoza, del Movimiento Recuperación Nacional Rigores, secuestrado el 14 de octubre, apareció asesinado en la morgue judicial de la ciudad de La Ceiba en el departamento de Atlántida, a su cuerpo le faltaba una mano.
El mismo 14 de octubre 2011, fue secuestrado el campesino Carlos Alberto Hernández Ramos a tempranas horas de la noche, pertenece al Movimiento Nacional Recuperación Rigores, por una patrulla de la Policía nacional Preventiva, que lo condujo desde la entrada a la comunidad de Rigores hasta la posta policial de Sonaguera, fue golpeado y torturado durante 24 horas, saliendo bajo amenaza de que si hablaba del asunto lo volverían a buscar. - Amenazas a muerte, seguimiento en vehículo sin placa con gente armada en su interior a por lo menos 30 dirigentes campesinos y dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular como a defensores y defensoras de Derechos Humanos.
- Operativos militares en las cercanías de los Asentamientos, los militares portan un listado de personas buscadas, hay más de 300 órdenes de captura en los Juzgados del departamento de Colón.
En estos operativos retienen a la población hasta por dos horas, les cobran dinero y hasta que lo consiguen dejan ir las personas, buscan armas y extranjeros. - El Gobierno incumple los acuerdos y convenios hasta hoy firmados, por lo que no se avizora una solución inmediata al conflicto agrario y los más de 2 mil hombres armados que protegen a los terratenientes están para quedarse de manera permanente hasta que se “pacifique la región”
- Defender el derecho a la vida como derecho fundamental, defender los derechos humanos de hombres, mujeres, niños y niñas que viven en permanente hostigamiento, represión e inseguridad.
- Estar presentes en desalojos, allanamientos e intervenciones militares en el marco del reclamo de los derechos de los pueblos y del conflicto agrario.
- Brindar protección a poblaciones y personas que tienen amenazas, sufren persecución y son objeto permanente de represión.
- Acompañamiento en defensoría legal, asistencia médica y procesos jurídicos relacionados con el conflicto agrario.
- Denunciar nacional e internacionalmente la violación a los Derechos Humanos en la región, creando instancias y mecanismos de respuesta inmediata.
- Demandar en las instancias jurídicas nacionales e internacionales, a quienes violenten los derechos humanos en esta región de Honduras.
- Convocamos a las organizaciones de Derechos Humanos, a los movimientos sociales nacionales de América Latina y el mundo a personalidades destacas en la defensa de los derechos humanos y en el impulso de la paz con desarrollo social y humano al encuentro internacional de defensores y defensoras de derechos humanos, evento a realizarse en esta región del Aguán del 17 al 21 de febrero del año 2012.
¡Alto a la violación de los derechos humanos en el Aguán!
Tocoa, Colón 11-11-2011.
FIRMANTES:
MCA
MARCA
MUCA MARGEN IZQUIERDA
MUCA MARGEN DERECHA
MOVIMIENTO CAMPESINO RIGORES
EMPRESA CAMPESINA BUENOS AIRES
EMPRESA CAMPESINA ORICA
CENTRO JUVENIL HORIZONTES DE ESPERANZA
COPA
COPINH
OFRANEH
POPOL NAH TUN
FUNDACION SAN ALONSO RODRIGUEZ
ASOCIACION DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA
COORDINACION FNRP-COLON
DERECHOS EN ACCION
CICA
Letter from Pérez Esquivel and Nora Cortiñas:
CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE NUESTRA AMÉRICA
Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones,amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de laOperación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
- Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
- Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
- Velar por los derechos humanos:
- Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
- Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
- Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
- Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:
- Deteniendo los desalojos forzosos.
- Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
- Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
- Desmilitarización de la región:
- Suspender los operativos militares.
- Poner fin a la presencia militar extranjera.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
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